La Fiscalía municipal de Bayamo solicitó penas de hasta cinco años de privación de libertad para nueve personas por la protesta del 23 de mayo de 2025, en la que vecinos pidieron "comida, corriente y agua", según Martí Noticias, que tuvo acceso a las conclusiones provisionales.
La historiadora matancera Alina Bárbara López Hernández relató en Facebook que la oficial María Juantorena la golpeó, la arrastró de los pies y la esposó durante una detención. Dice que la fiscal considera ofensivo que ella llamara "sicarios" a los agentes. Según Cibercuba, la Fiscalía pide cuatro años de privación de libertad para ella.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su 197º período de sesiones en Panamá, expresó preocupación por la permanencia y ampliación de la pena de muerte en Cuba y por normas penales ambiguas. También cuestionó la falta de independencia judicial y pidió liberar a los presos políticos.
Amnistía Internacional lanzó el 28 de octubre una acción urgente para que Cuba libere a Loreto Hernández y Donaida Pérez, presos de conciencia en la cárcel de Guamajal. La familia denuncia que la Seguridad del Estado condiciona su salida de prisión a que se vayan del país.
El presidente del MONR, José Díaz Silva, denunció que dos integrantes del movimiento, entre ellos su vicepresidente, estuvieron unas cuatro horas detenidos el 26 de octubre en La Habana y fueron advertidos de que no podrán seguir organizando comidas para personas necesitadas. No se conoce respuesta oficial.
Cubalex documentó 18 incidentes de celdas de castigo o aislamiento en prisiones cubanas entre el 1 y el 26 de octubre, el tercer mes con más registros de 2026. En lo que va de año, 95 personas aparecen en al menos un evento de este tipo.
El Observatorio de Género Alas Tensas confirmó el feminicidio de Marili Reina Fajardo, de 45 años, hallada muerta el 21 de octubre en Habana del Este. Con su caso, la plataforma independiente suma 60 en 2026, más que en 2025 y 2024. Según la plataforma, no hay cifras oficiales actualizadas.
Un informe aprobado en la 82 Asamblea General de la SIP, en Bogotá, denuncia "patrones persistentes y nuevas modalidades" de restricción a la libertad de prensa en Cuba. Cita el encarcelamiento de Henry Constantín como el caso de "mayor gravedad" y critica el decreto 160.
Su esposa, Sonia Álvarez, denunció que el opositor y preso del 11J, diabético, permanece solo en la enfermería del penal de Matanzas. El 23 de octubre Amnistía Internacional pidió liberarlo a él y a su hija Sayli.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentó el 23 de octubre un informe según el cual la empresa estatal cubana CSMC se quedó con al menos 20 millones de euros de lo que Italia pagó por 333 médicos cubanos en Calabria. El gobierno cubano sostiene que la participación en las misiones es voluntaria.
Las autoridades de Sancti Spíritus impusieron prisión domiciliaria a Aitana Echevarría Rivero, hija del tatuador Oscar Echevarría, en prisión provisional y acusado de desacato desde su protesta del 10 de octubre. La medida durará hasta que se cierre el caso, según la joven.
Eliezet Sesma Diago, condenado a nueve años por el 11J, denunció falta de comida y de medicinas y trabajo sin cobrar desde enero de 2026 en el campamento La Lima, en Guanabacoa. El Observatorio de Derechos Culturales, que difundió su testimonio, dice que la Seguridad del Estado lo amenaza.
El informe Freedom on the Net 2026, publicado el 22 de octubre, mantiene a Cuba como país "No libre" y baja su nota de 21 a 19 puntos. Freedom House señala los apagones, el encarecimiento del acceso y las condenas por publicaciones en redes sociales.
La hermana del preso político Roilán Álvarez Rensoler denunció que un guardia lo golpeó hasta dejarlo inconsciente en la Prisión Provincial de Holguín. Según la familia, está en el puesto médico con una lesión en el pómulo y heridas en la cabeza. No hay respuesta oficial.
Expresos políticos cubanos presentaron el 22 de octubre en Miami una declaración que pide liberar a todos los presos políticos y despenalizar el disenso antes de cualquier negociación. Los medios cuentan más de 130 firmantes; Infobae, 146. Según su organizador, lo envió al Departamento de Estado y aún no tiene respuesta.
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión contó en septiembre 134 violaciones derivadas de 106 hechos. Las que afectan a la prensa pasaron de 17 a 39 y la Seguridad del Estado aparece vinculada a 51 hechos. Son cifras de una ONG, que no equivalen a víctimas distintas.
Según Alas Tensas, Yudiley Rodríguez Enríquez, de 37 años y madre de cuatro hijos, fue asesinada el 20 de octubre en su casa de Margodo, Gibara. La plataforma lo clasifica como "feminicidio social"; 14ymedio cuenta 54 feminicidios en 2026 y Martí Noticias, 58. Ningún medio consultado recoge versión oficial.
El periodista independiente Adelth Bonne Gamboa denunció que agentes de la Seguridad del Estado le advirtieron, en un interrogatorio el 20 de octubre en La Habana, de una condena de dos a diez años o arresto domiciliario si sigue en Cubanet. No hay versión oficial.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentó una queja ante la Fiscalía de Camagüey por el hallazgo de un cuchillo en las pertenencias del periodista, preso desde el 16 de septiembre. Constantín dice que se lo colocaron. En las fuentes consultadas no hay respuesta oficial.
Actualizado con la exigencia de liberación de la SIP, la solicitud de medidas cautelares ante la CIDH y la posibilidad de un nuevo cargo por tenencia de armas. Publicada el sábado, 17 de octubre.
La organización Cubalex denunció que Ana Ibis Tristá Padilla, de 37 años y condenada a 14 años de cárcel, sufre falta de acceso garantizado a medicinas y oxígeno, comida insuficiente y trabajo bajo el sol en la prisión de mujeres de Las Tunas. Las fuentes consultadas no recogen respuesta oficial.
La Fiscalía acusa de tráfico ilegal de divisas a cuatro dirigentes de la masonería cubana por cambiar 300 dólares donados a un asilo de ancianos. Pide entre dos y cuatro años de limitación de libertad; la defensa solicita la absolución.
Según Martí Noticias, la Fiscalía Provincial de Ciego de Ávila solicitó penas de hasta 13 años para 19 personas acusadas de sedición y otros delitos por la protesta del 13 de marzo en Morón. Hay menores entre los acusados y las familias dicen no haber recibido el escrito de acusación.
El Centro de Denuncias Defensa Cuba Decide registró 911 violaciones de derechos humanos en septiembre, con 370 personas afectadas y casi la mitad de los casos en La Habana. Las cifras proceden de un solo informe de la organización, difundido por Infobae.
Según el informe mensual de Cubalex, casi la mitad de los 298 hechos represivos de septiembre afectó a presos, con la mayor incomunicación carcelaria del año. La organización eleva a 49 los fallecimientos carcelarios documentados en 2026 y denunció otro fallecimiento el 16 de octubre.