Fiscalía pide de 2 a 4 años de limitación de libertad para cuatro líderes masones
La Fiscalía acusa de tráfico ilegal de divisas a cuatro dirigentes de la masonería cubana por cambiar 300 dólares donados a un asilo de ancianos. Pide entre dos y cuatro años de limitación de libertad; la defensa solicita la absolución.
2 medios independientes
La Fiscalía General de la República solicitó penas de entre dos y cuatro años de limitación de libertad, más multas de hasta 25,000 pesos cubanos, para cuatro dirigentes masones acusados de tráfico ilegal de divisas por operaciones que suman 300 dólares. La información procede de documentos judiciales a los que tuvo acceso CubaNet y que Cibercuba reprodujo.
Los acusados son José Ramón Viñas Alonso, exsoberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33; Fernando Marcos García, contador del Asilo Nacional Masónico Llansó; Ángel Santiesteban Prats, actual soberano gran comendador; y Osvaldo Ernesto Villegas Digat.
Las penas pedidas son: cuatro años y 25,000 pesos para Viñas Alonso; tres años y 20,000 pesos para Marcos García; y dos años y 20,000 pesos para cada uno de Santiesteban Prats y Villegas Digat. La defensa, a cargo del abogado Roberto Ortega Ortiz, pide la absolución de los cuatro.
Lo que reportan los medios independientes
Según Cibercuba, que cita a CubaNet, los dólares procedían de donaciones al Asilo Nacional Masónico Llansó, fundado en 1918 en Arroyo Naranjo, La Habana, que alberga a unas 90 personas. El escrito de defensa, fechado el 9 de octubre, sostiene que los cambios no dieron beneficio personal a nadie y que los 200 dólares del primer cambio sirvieron para comprar leche en polvo para los residentes. En el segundo, según el abogado, Villegas Digat usó dinero propio para obtener 100 dólares con los que compraría un medicamento para su hijo, y el asilo recibió pesos para emergencias.
CubaNet destacó que el expediente fue tramitado por el órgano del MININT especializado en delitos contra la Seguridad del Estado, aunque el delito imputado es económico.
Cibercuba informó además, citando a la periodista independiente Camila Acosta en Facebook, que la jueza Zamira Marrero Morgado, presidenta del Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este, presidirá el juicio. Es la misma magistrada que a comienzos de octubre condenó a la creadora de contenidos Anna Sofía Benítez Silvente (Anna Bensi) y a su madre a dos años de limitación de libertad, según Cibercuba. Cibercuba añade que Cubalex y Justicia 11J la identificaron como integrante de los tribunales que en diciembre de 2021 juzgaron a 17 manifestantes de La Güinera por las protestas del 11J. Acosta escribió que la designación "levanta las alertas sobre la falta de transparencia y de imparcialidad de los tribunales en Cuba".
Acosta es corresponsal en La Habana del diario español ABC y autora de un libro sobre la masonería cubana. Según el propio texto de Cibercuba, es además pareja sentimental de Santiesteban Prats, uno de los acusados. La designación de la jueza se apoya únicamente en su publicación, según los artículos consultados.
Lo que dice el gobierno
Los artículos consultados no recogen una declaración de las autoridades cubanas sobre el caso. Lo único conocido de la posición del Estado es el escrito de acusación de la Fiscalía, al que tuvo acceso CubaNet: sus conclusiones provisionales plantean que Viñas Alonso autorizó dos operaciones a la tasa del mercado informal. El 14 de septiembre de 2023, Santiesteban Prats entregó 49,600 pesos a cambio de 200 dólares del asilo; el 13 de junio de 2025, Villegas Digat cambió 37,500 pesos por otros 100 dólares.
El mismo escrito describe a Santiesteban Prats como alguien que "no se dedica a ninguna actividad socialmente útil" y que "se expresa abiertamente en contra del proceso revolucionario que impera en Cuba", según CubaNet y Cibercuba.
Cibercuba señala que el auto de apertura del juicio oral, firmado el 24 de agosto por la jueza Marrero Morgado, mantiene para los cuatro acusados la reclusión domiciliaria y la prohibición de salir del país. Cibercuba no menciona la fecha del juicio.
Contexto
Desde 2024, según Cibercuba, la masonería independiente enfrenta una intervención estatal en el Supremo Consejo del Grado 33, el congelamiento de cuentas bancarias de ese órgano y de la Gran Logia, y procesos penales contra sus dirigentes. Santiesteban Prats fue elegido soberano gran comendador el 26 de septiembre con 19 votos a favor y uno en contra, mientras cumplía reclusión domiciliaria. En agosto, más de cien masones se concentraron en la Catedral Escocesa de La Habana para rechazar la intervención estatal, según Cibercuba.