La SIP denuncia en Bogotá más detenciones y procesos contra periodistas en Cuba

Un informe dado a conocer este domingo 25 de octubre en la 82 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada en Bogotá, denunció "patrones persistentes y nuevas modalidades de restricción a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo" en Cuba, según EFE.

La SIP afirma que se intensificó el uso de mecanismos policiales y judiciales como "instrumentos de presión y represión" contra periodistas independientes, creadores de contenido y activistas que informan sobre la situación de la isla. Según el informe, esas prácticas se tradujeron en "un aumento de las detenciones, citaciones, interrogatorios y procesos judiciales".

El informe destaca como el caso de "mayor gravedad" el encarcelamiento preventivo del periodista Henry Constantín, director de La Hora de Cuba y vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP. Está en prisión provisional en la cárcel de máxima seguridad Kilo 7, en Camagüey. Las autoridades le atribuyen el delito de "desobediencia" por una citación a la que llegó tarde, cuando los agentes de la Seguridad del Estado ya se habían retirado, relata el documento. El Alambique ya publicó su caso.

Además, el informe recuerda que Kamil Zayas y Ernesto Ricardo Medina, del proyecto independiente El4tico (El Cuartico), siguen presos acusados de incitar al "desorden público" por sus videos de análisis y sátira política, en un contexto de "criminalización" de espacios de opinión en redes sociales.

También refiere la situación de los periodistas Jorge Bello y José Gabriel Barrenechea, encarcelados por participar en protestas, y la de Mayelín Rodríguez Prado, quien, sin ser periodista, cumple una condena de 15 años tras entrevistar a menores durante una manifestación.

Cita igualmente a la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente (Anna Bensi), de 21 años, y a su madre, Caridad Silvente, sancionadas el 1 de octubre a dos años de "libertad limitada" por "actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, identidad de otra persona y sus datos", tras grabar y difundir un video de un suboficial del Ministerio del Interior durante una citación.

Entre las restricciones, el documento apunta las prohibiciones de salida del país bajo la categoría de "regulados", que la SIP considera un "mecanismo adicional de presión y control".

Subraya también el decreto 160, "recién publicado y vigente", que cierra la posibilidad de que los medios independientes se formalicen como actividades económicas privadas y mantiene bajo control estatal el periodismo, la publicación de medios, las agencias de noticias, la radiodifusión y determinadas actividades editoriales y de información. A ello suma que la prensa independiente funciona sin amparo legal, mientras el Estado conserva el control de los principales medios y el monopolio de las telecomunicaciones.

El informe advierte además de obstáculos para producir y distribuir publicaciones impresas independientes: la dificultad de conseguir papel, los cortes de internet y las conexiones de baja calidad. Entre las tendencias, menciona las citaciones verbales, que "suelen funcionar como antesala de detenciones y procesos penales", y los delitos ambiguos como "desobediencia" o "desórdenes públicos". Denuncia también demoras en los hábeas corpus y falta de acceso a los expedientes.