La CIDH expresa preocupación por la pena de muerte en la legislación penal cubana
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su 197º período de sesiones en Panamá, expresó preocupación por la permanencia y ampliación de la pena de muerte en Cuba y por normas penales ambiguas. También cuestionó la falta de independencia judicial y pidió liberar a los presos políticos.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la permanencia y la ampliación de la pena de muerte en la legislación de Cuba. Lo hizo durante su 197º período de sesiones, celebrado esta semana en Ciudad de Panamá, según Infobae, que cita a Diario de Cuba.
Según esas informaciones, la Comisión advirtió de que la redacción de normas penales ambiguas puede afectar el ejercicio de las libertades de expresión, reunión, asociación y participación política, y exponer a sanciones a quienes las ejerzan. Reiteró además su postura a favor de la abolición de la pena capital, pidió la liberación de las personas presas por motivos políticos y cuestionó la falta de independencia judicial en la isla, que, según sus expertos, genera temor entre la población.
No fue posible consultar el comunicado de la CIDH ni el texto completo de Diario de Cuba: el pronunciamiento se conoce por el resumen de Infobae y por el titular de la publicación de Diario de Cuba en Facebook.
Lo que reportan los medios independientes
Diario de Cuba, según Infobae, señala que la reforma penal elevó de 20 a 24 los delitos castigables con la pena máxima, que los cuatro incorporados son delitos contra la seguridad del Estado y que más de la mitad de los 24 pertenecen a esa categoría. Esas cifras no coinciden con las de la Gaceta Oficial (véase "Contexto").
Prisoners Defenders, una ONG que cuenta a los presos políticos, registró 1,351 al cierre de septiembre de 2026, la cifra más alta de su registro. Según su informe del 15 de octubre, en septiembre se sumaron 50 casos y salieron 38.
Lo que dice el gobierno
En las fuentes consultadas no hay respuesta de la Cancillería, de la Fiscalía ni de otros organismos cubanos al pronunciamiento de la CIDH; no buscamos cobertura de los medios estatales.
El Código Penal cubano dispone que la pena de muerte se aplica "excepcionalmente" y por fusilamiento (artículo 33), según la Gaceta Oficial. Granma informó en mayo de 2022, al presentar el proyecto, que se mantenía en 23 tipos penales y "se suprime en cuatro delitos". En 2023, según Infobae, el entonces presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, dijo que la pena seguía vigente y la presentó como una herramienta de defensa ante amenazas contra el Estado y la seguridad ciudadana.
Perspectiva internacional
Infobae, que cubre el caso desde fuera de Cuba, recuerda que Amnistía Internacional y Human Rights Watch han cuestionado el uso de figuras como sedición, desacato, desórdenes públicos y propaganda contra el orden constitucional contra críticos, y que sostienen que se aplican de forma amplia para castigar la disidencia pacífica. Cuba no forma parte de la OEA desde 1962, pero la Comisión conserva facultades para monitorear la situación del país, según el mismo medio.
Contexto
El Código Penal, aprobado en 2022 y publicado en la Gaceta Oficial el 1 de septiembre de ese año, prevé la pena de muerte para 23 delitos, la mayoría contra la seguridad del Estado, según la propia Gaceta; Granma también habló de 23. Infobae y Diario de Cuba hablan de 24 delitos y de una reforma de 2023, cifra y fecha que no coinciden con la Gaceta. The Advocates for Human Rights sostiene que la lista aumentó, mientras que Granma dijo que se suprimía en cuatro delitos.
Según The Advocates for Human Rights, la última ejecución registrada fue en 2003 y en 2023 no había nadie condenado a muerte.
El tema volvió al debate tras el choque del 25 de febrero entre una lancha procedente de Estados Unidos y Tropas Guardafronteras en Villa Clara. El 19 de octubre, un coronel de la Seguridad del Estado dijo a AP que los detenidos podrían ser acusados de terrorismo, delito que admite la pena capital, y que la Fiscalía aún no había solicitado sanciones concretas. Infobae atribuye a la Fiscalía la advertencia de que podrían enfrentar la pena de muerte; AP la atribuyó al coronel.