Amnistía exige a Díaz-Canel liberar a dos líderes yorubas presos desde 2021
Amnistía Internacional lanzó el 28 de octubre una acción urgente para que Cuba libere a Loreto Hernández y Donaida Pérez, presos de conciencia en la cárcel de Guamajal. La familia denuncia que la Seguridad del Estado condiciona su salida de prisión a que se vayan del país.
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Amnistía Internacional (AI) lanzó el 28 de octubre una acción urgente dirigida al presidente Miguel Díaz-Canel en la que exige la liberación inmediata e incondicional de Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro, matrimonio de líderes religiosos yorubas y activistas afrocubanos presos desde julio de 2021. La organización los considera presos de conciencia, reclama atención médica adecuada y pide reparación por las violaciones de derechos humanos, incluida la discriminación racial y religiosa.
Ambos cumplen condena en el complejo penitenciario de Guamajal, en Villa Clara: ella, en la prisión de mujeres, y él, en la de hombres. Hernández García fue detenido el 15 de julio de 2021 y su esposa al día siguiente, tras las protestas en Placetas. En febrero de 2022, el Tribunal Municipal Popular de Santa Clara los condenó por "desórdenes públicos" y "desacato" (a ella, además, por "atentado") a siete y ocho años de prisión, respectivamente.
Tras examinar la sentencia, AI concluyó que fueron juzgados junto con otros 14 manifestantes en un proceso injusto y sin pruebas suficientes, y que el fallo cita su oposición política, algo que no debería pesar en un proceso penal.
Lo que reportan los medios independientes
Según Martí Noticias, a comienzos de octubre Pérez Paseiro denunció, en un audio que un familiar entregó a Amnistía, que ella y su esposo están gravemente enfermos y no reciben medicamentos, alimentación ni atención médica suficientes. En ese mensaje también habló de agentes de la Seguridad del Estado que los presionan para que salgan de Cuba.
El hermano de Hernández García, Jorge Luis García Pérez, "Antúnez", dijo a Martí Noticias que "altos oficiales de la policía política" les repiten que "la única manera en que ellos pueden recuperar su libertad es abandonando el país" y que liberarían a la pareja de inmediato si algún país les da una visa. Según Antúnez, la familia ha hecho gestiones en cancillerías latinoamericanas y ante la embajada de Estados Unidos. Dijo que la salud y las condiciones de la cárcel los llevaron a aceptar el exilio, aunque habrían preferido quedarse. No se conoce país de destino ni fecha, según Infobae.
ADN Cuba precisó que Hernández García, de 55 años, padece cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, polineuropatía diabética y asma crónica. Johanna Cilano Peláez, investigadora de AI para el Caribe, dijo a ese medio que la organización insiste en "la urgencia de tratamiento médico adecuado" y denuncia "las presiones a las que son sometidos para forzarlos a abandonar el país".
Lo que dice el gobierno
Hasta la tarde del 29 de octubre no se encontró en Granma, Cubadebate ni otros medios oficiales una respuesta del gobierno cubano a la acción urgente ni a las denuncias de presión para el exilio.
Sobre el caso de Pérez Paseiro, Martí Noticias recogió que el Tribunal Provincial de Villa Clara anunció en junio de 2025 la revocación de su libertad condicional por supuestamente incumplir "sus obligaciones, esencialmente en el ámbito laboral, y por no acudir a la citación del juez de ejecución". Organizaciones de derechos humanos atribuyen esa decisión a motivos políticos, según Infobae. En términos generales, y antes de esta acción, Díaz-Canel negó en abril de 2026 en el programa Meet the Press de NBC que haya presos políticos en Cuba, según Martí Noticias.
Contexto
Prisoners Defenders contaba 1.351 presos políticos en Cuba a fines de septiembre de 2026, su cifra más alta, que incluye a quienes cumplen condena con libertad limitada.
Pérez Paseiro salió en enero de 2025 en las 553 excarcelaciones anunciadas tras una mediación del Vaticano y volvió a prisión en junio. AI declaró presos de conciencia a ambos en junio de 2023.
La oferta de libertad a cambio de salir del país está documentada: Human Rights Watch la describió en 2022 en su informe "Prison or Exile", y en enero de 2026 cuatro relatoras especiales de la ONU denunciaron un patrón que incluye el exilio forzado.