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Derechos Humanos

Denuncian amenazas de cárcel a nueve personas vinculadas a Páginas Villareñas

El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) denunció que oficiales de la Seguridad del Estado amenazaron con cárcel, despido y represalias familiares a nueve personas vinculadas al boletín comunitario Páginas Villareñas, en Santa Clara, entre abril y octubre. El OCLE no pudo corroborar las amenazas por su cuenta.

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El Parque Vidal, en Santa Clara, en 2015. (Foto de archivo: Ji-Elle / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)
El Parque Vidal, en Santa Clara, en 2015. (Foto de archivo: Ji-Elle / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), denunció el 31 de octubre que al menos nueve personas vinculadas al boletín comunitario Páginas Villareñas, de Santa Clara, habrían recibido entre abril y octubre de 2026 amenazas de cárcel, de despido y de represalias contra sus familiares. Las atribuye a oficiales de la Seguridad del Estado.

Según Cibercuba, Infobae y Martí Noticias, que recogen el informe del ICLEP, los afectados son cinco periodistas ciudadanos, un matrimonio que verificaba información para el boletín y dos personas interesadas en colaborar, cuya identidad se reserva. Las advertencias mencionaban un posible proceso por "usurpación de funciones públicas". El OCLE reconoció que no pudo corroborar las amenazas de forma independiente, porque ocurrieron sin testigos externos y fueron comunicadas por los afectados al director del boletín, Alberto Hernández González.

Lo que reportan los medios independientes

Según el informe, Hernández González empezó a indagar cuando varias personas que le enviaban denuncias dejaron de comunicarse. El 9 de octubre las visitó y, de acuerdo con sus testimonios, habían sido intimidadas. El OCLE verificó con registros internos que cinco de ellas publicaron en el boletín entre febrero y junio.

Los casos que cuentan los medios, siempre según los testimonios recogidos por el OCLE:

  • Raiza Ruiz Goire dijo que el 11 de abril un hombre de civil la abordó cerca de su casa, en el reparto Bengochea, y le dijo que sería "muy fácil meterla presa" y despedir a su esposo (Infobae).
  • Bernardo García Morales, camillero, afirmó que en abril un oficial que se presentó como Ariel lo visitó en el policlínico donde trabaja y le habló de perder el empleo y afrontar un proceso (Infobae).
  • Raúl Vega Torres, profesor de natación, contó que el 18 de mayo el "teniente Ariel" fue a su centro de trabajo y le dijo que sus dos hijos pequeños "podían crecer con su padre en una prisión" (Cibercuba, Infobae).
  • Víctor Sánchez Jiménez relató que el 19 de agosto un hombre que se identificó como "teniente Ariel" fue a su casa y le advirtió que podía ser procesado por "usurpación de funciones públicas" (Infobae).
  • Saúl Peñate Pérez y Gisela Puentes Goire dijeron que el 4 de septiembre un oficial de la Seguridad del Estado y un jefe de sector les insinuaron que las aspiraciones universitarias de su hijo "podía complicarse" (Infobae).
  • Ariel Suárez Bermúdez, profesor de inglés, denunció que el 2 de octubre recibió amenazas de proceso y despido, y que el visitante aludió a la salud de su madre (Cibercuba, Infobae).

Los dos ciudadanos cuyos nombres se reservan dijeron que fueron advertidos en sus trabajos, el 8 y el 10 de septiembre, y que desistieron de colaborar (Infobae).

En al menos cuatro de los testimonios aparece un agente que se identificó como "teniente Ariel". El ICLEP señala que ese mismo nombre lo usó uno de los oficiales que interrogaron a dos colaboradores detenidos el 1 de marzo, pero no estableció una identidad verificable del agente.

La organización considera que las presiones buscan aislar al boletín de sus fuentes y recordó que los artículos 54 y 55 de la Constitución reconocen las libertades de expresión y de prensa.

Lo que dice el gobierno

No encontramos una respuesta de las autoridades cubanas ni de la prensa estatal a esta denuncia, ni una versión oficial sobre los hechos del 1 de marzo.

Contexto

El ICLEP denunció que el 1 de marzo de 2026 dos de sus colaboradores fueron detenidos en Villa Clara mientras repartían el boletín. Según la organización, estuvieron unas seis horas bajo custodia, les confiscaron unos 60 ejemplares y los amenazaron con procesarlos por "usurpación de funciones públicas" y "violación del orden constitucional" (Cibercuba).

La Constitución de 2019 reconoce la libertad de prensa, pero dice que se ejerce "de conformidad con la ley y los fines de la sociedad" y que los medios fundamentales son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas (artículo 55, Gaceta Oficial). El periodismo independiente carece de reconocimiento legal y sus periodistas son hostigados, detenidos e interrogados, según Freedom House. RSF ubica a Cuba en el puesto 160 de 180 en su clasificación de libertad de prensa de 2026.