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Sucesos

Familiares de presos denuncian llamadas que exigen 24.000 pesos por una pelea supuesta

Familiares de presos de tres cárceles (Combinado del Sur, La Cerámica y Combinado del Este) contaron a 14ymedio que reciben llamadas de falsos tenientes del Minint que piden 24.000 pesos para evitar que el preso sea procesado por una pelea que, según ellos, no ocurrió. Una pagó. Algunos creen que alguien afín al Minint está implicado; 14ymedio no aporta pruebas.

1 medio independiente

Reclusos en el patio de una prisión. (Foto: EFE, según 14ymedio)
Reclusos en el patio de una prisión. (Foto: EFE, según 14ymedio)

Familiares de presos de varias cárceles cubanas denunciaron a 14ymedio, en un reportaje publicado el 17 de noviembre, llamadas de personas que se hacen pasar por oficiales del Ministerio del Interior (Minint) y exigen dinero para evitar que el recluso sea procesado por un incidente que, según los familiares, no ocurrió. Es la versión de 14ymedio a partir de los testimonios que recogió: no consta que otro medio ni las autoridades se hayan pronunciado.

Según el relato, quien llama se identifica con un nombre común y el grado de teniente y dice que un familiar o amigo recluido protagonizó una pelea con otro interno y rompió el televisor del penal. Para que no lo procesen, afirma, hay que pagar 24.000 pesos, repartidos entre los dos presos implicados. Añade que el preso está en una celda de castigo y no come.

Lo que reportan los medios independientes

14ymedio recogió los testimonios de tres mujeres, identificadas solo por su nombre de pila: Inés, María y Violeta. Los casos que describe corresponden, según los presos, a familiares de reclusos del Combinado del Sur (Matanzas), La Cerámica (Camagüey) y el Combinado del Este (La Habana).

Inés dijo que la llamada la dejó nerviosa, pero que no reconoció al supuesto teniente: conoce a casi todos los oficiales del Combinado del Sur. El padre de su hijo, expolicía, movió contactos y confirmó, según el relato, que la llamada se hizo desde Camagüey; también entregó al Minint la tarjeta bancaria a la que debía enviarse el dinero. Dos días después llegó otra llamada desde el mismo número: la "última oportunidad", con el pago rebajado a 8.000 pesos por recluso y plazo de ese mismo día. Inés colgó, y esa tarde su hijo la llamó y desmintió todo; le contó que familiares de otros compañeros recibieron llamadas iguales.

Violeta, cuyo sobrino cumple condena por homicidio, sí depositó el dinero. "Yo no lo pensé dos veces", dijo. Temía que una sanción llevara al traslado a Agüica, en Colón (Matanzas), que ella describe como la prisión más dura de Cuba. Después entendió que era una estafa y dijo que solo pudo informar a la Policía. Su sobrino le contó días más tarde que otros presos de La Cerámica y del Combinado del Este decían lo mismo de sus familias. 14ymedio no da la cantidad que pagó ni cuántas familias están afectadas.

Los familiares han empezado a alertarse entre sí. Algunos creen que alguien afín al Minint, junto con presos de esos mismos centros, está implicado. 14ymedio presenta esto como una sospecha de los familiares y no aporta pruebas; lo único que el relato establece es que los estafadores parecen conocer las condiciones de comunicación de las cárceles y datos de los internos.

Inés explicó por qué es fácil engañar a las familias: en el Combinado del Sur, a diferencia del Combinado del Este, no hay teléfono público. Los presos esperan hasta la tarde y llaman cinco minutos desde el teléfono de su destacamento, a veces solo una vez por semana. Si una línea se rompe, pueden pasar varios días sin contacto.

Contexto

Las fuentes consultadas no recogen una respuesta del Minint ni de otras autoridades a estas denuncias concretas. Hay un antecedente: en enero de 2026 CiberCuba informó de una estafa distinta, con falsos oficiales del Minint (casi siempre "teniente coronel") que pedían transferencias para liberar a un familiar detenido. Según ese medio, el Minint afirma que no pide dinero por teléfono ni gestiona fianzas por transferencia electrónica.

Cuba no publica datos de su población penal desde 2012, cuando informó de 57.337 reclusos, según la CIDH, y la sociedad civil estimaba cerca de 100.000 en 2021.