El Supremo deja sin voto el 29-N a 113.326 nacionalizados por la ley de nietos
La Abogacía del Estado fijó en 113.326 los electores nacionalizados por la ley de nietos cuyo voto suspende el Tribunal Supremo para el 29-N, según El Mundo. Según El Debate, el INE no localizó a 35.925 registros en el censo exterior; Iustitia Europa lo califica de "escándalo censal".
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Actualizada el . Actualizado con la decisión del Supremo del 18 de noviembre, que rechaza suspender el voto de los hijos mayores de edad (unos 190.000) y deja sin cambios la suspensión de 113.326 nacionalizados.
El Tribunal Supremo de España rechazó el 18 de noviembre suspender el voto de los hijos mayores de edad de los nacionalizados por la ley de nietos, unos 190.000 según 20Minutos y Hispanidad (189.678 según Estrella Digital). Podrán votar en las elecciones generales del 29-N, incluidos los consulados, donde el voto en urna es del 21 al 26 de noviembre. La suspensión del voto de los 113.326 nacionalizados que, según la Abogacía del Estado, no acreditan exilio, no cambia.
Qué grupo cubre cada decisión. Son dos grupos distintos. El auto del 18 de noviembre desestima, con un voto en contra, el recurso de reposición de Vox contra el auto del 9 de noviembre, que ya había negado suspender el voto de los hijos, según La Razón y Estrella Digital. El grupo de los nacionalizados sin certificado de exilio es aquel cuyo voto el Supremo suspendió cautelarmente en septiembre: según 20Minutos, de 163.355 expedientes, 113.326 no podrán votar. Según La Razón, el tribunal sí permite votar a los 901 con exilio acreditado. Los hijos votan por ahora, aunque su ascendiente esté suspendido. La Razón también habla de más de 62.000 beneficiados por la presunción de exilio; las fuentes no concilian esa cifra con la de 113.326.
Por qué. Según La Razón, la Sala insiste en que, "en el estado tan avanzado del proceso electoral" y a menos de dos semanas del 29-N, "no resulta posible iniciar un nuevo procedimiento de revisión del censo" antes de la votación ni del escrutinio, ni garantizar que los afectados sean oídos. Vox proponía cruzar la lista de hijos con la de los 901 padres con exilio certificado y apartar los demás sobres. El auto responde que habría que identificar, expediente a expediente, a los hijos de las 113.326 personas con inscripción suspendida y separarlos de quienes se nacionalizaron por la Ley 52/2007, que no están afectados, según Estrella Digital. Admite que si Vox lo hubiera pedido al inicio "la respuesta podría haber sido distinta".
Lo que queda pendiente. El magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero emitió un voto particular: sostiene que bastaba identificar a los hijos de los 901 padres y excluir al resto, y que su voto tendrá "consecuencias jurídicas irreparables en el resultado electoral", según Estrella Digital. El auto no se pronuncia sobre el recurso de Iustitia Europa, que sigue pendiente, según Estrella Digital y Hispanidad. La decisión sobre el alta de los hijos en el censo de residentes ausentes (CERA) queda para la sentencia de fondo, que llegará previsiblemente después de las elecciones, según Estrella Digital. Fuentes jurídicas citadas por Libertad Digital, a través de Estrella Digital, calculan que votará en torno al 20% de los hijos, unas 38.000 personas.
Sobre los padres, las partes tienen hasta el jueves 19 a las 15:00 para alegar sobre los informes del INE y de la Abogacía, según El Debate. Según El Mundo, la Abogacía del Estado comunicó al Supremo la cifra de 113.326 el 13 de noviembre; Estrella Digital fecha ese escrito el 17. Las fuentes no aclaran la diferencia.
Perspectiva internacional
Según El Mundo, la Abogacía del Estado parte de los 163.355 registros de Exteriores; el INE localizó 117.723 en el CERA y, tras restar exiliados certificados, duplicados e inscritos antes de la ley, quedan 113.326. Según El Debate y El Correo, Iustitia Europa, demandante junto a Vox, denuncia un "escándalo censal" por los 35.925 registros que el INE no localizó; El Debate señala que no estar en el CERA no prueba una irregularidad. Las fuentes no recogen respuesta de la Abogacía ni del INE.
Hispanidad advierte de que, gane quien gane el 29-N, el perdedor podría impugnar el resultado alegando un censo sospechoso.
Contexto
La ley de 2022 permite optar a la nacionalidad a nacidos fuera de España de padres o abuelos que la perdieron por el exilio. Una instrucción de Justicia presumió el exilio de quienes salieron entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. El Supremo suspendió cautelarmente el voto en septiembre a petición de Iustitia Europa y Vox, con la oposición de la Abogacía del Estado y la Fiscalía, según El Mundo; el tribunal citó un "incremento extraordinario" de inscritos en el CERA, unos 400.000 desde 2023. Ninguna fuente consultada dice cuántos de los afectados son cubanos.